• Aumentar las oportunidades de empleo e ingresos para todas las personas. El PNUD ayudó a los gobiernos de 122 países a reformar sus mercados laborales, crear entornos propicios para la inversión, ampliar el acceso de las pequeñas empresas a la financiación y promover el espíritu emprendedor y las oportunidades relativas a medios de subsistencia. En Tanzanía, el apoyo del PNUD a los servicios financieros —que incluyó una guía nacional de inversiones— ayudó al Centro de Inversiones de Tanzanía a atraer más de 6.000 millones de dólares en inversiones en proyectos y generar casi 230.000 puestos de trabajo en el período 2023-2024. En Egipto, el apoyo técnico al organismo nacional para las pequeñas empresas permitió desembolsar cerca de 70.000 préstamos que contribuyeron a la creación de más de 252.000 puestos de trabajo. La iniciativa Equanomics del PNUD promovió reformas de las políticas fiscales para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en 23 países. Por ejemplo, Bhután, Mongolia, Filipinas y Rwanda armonizaron sus códigos fiscales para incentivar la igualdad de oportunidades para el empleo y la iniciativa empresarial de las mujeres.
• Mejorar el acceso a los servicios esenciales, la protección social y la justicia. Desde 2022, el PNUD ha ayudado a 160 millones de personas a acceder a atención de la salud, formación profesional, agua potable y otros servicios. En Turkmenistán, una asociación de 170 millones de dólares con el Gobierno^[4] reforzó el sistema nacional de salud e hizo posible avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. En Camboya, el apoyo al programa bajo demanda de identificación de hogares pobres establecido en 2020 permitió que 289.435 hogares más se inscribieran para recibir prestaciones de asistencia social, lo que mejoró la protección social. En Bangladesh, el PNUD ayudó a establecer tribunales de aldea en el 66 % de las entidades de gobierno local, lo que amplió el acceso a la justicia de 61 millones de residentes rurales. Una enmienda clave a la Ley de Tribunales de Aldeas permite ahora a las mujeres solicitar directamente reparaciones por cuestiones relacionadas con la pensión alimenticia.
• Promover instituciones más eficaces y eficientes. El PNUD ayuda a las instituciones gubernamentales a aprovechar la tecnología y reformas políticas innovadoras para mejorar los servicios públicos. En la República Dominicana, un nuevo sistema de gestión de la información (TRANSDOC) ha mejorado la trazabilidad de más de un millón de cartas y documentos oficiales en 24 instituciones, lo que ha reducido el gasto en material perecedero en un 80 %. En el Brasil, la iniciativa Justiça 4.0 utiliza 150 modelos de inteligencia artificial para clasificar casos judiciales, lo que no solo ha aumentado la eficiencia, sino que también ha mejorado el acceso a la justicia y reducido la duración de los juicios. En las Maldivas, las reformas de la financiación pública apoyadas por el PNUD han reducido el gasto en medicamentos entre un 50 % y un 70 %, lo que se traduce en la mejora de la sostenibilidad financiera del sistema nacional de seguros médicos. El Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas del PNUD trabaja con 30 países desde 2021 para llegar a 224.000 funcionarios públicos con el fin de dotar a la función pública de capacidades para promover la igualdad de género.
• Promover la participación ciudadana y los derechos humanos. El apoyo electoral del PNUD en 23 países —en particular a través de nuestra asociación con el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas— permitió a 377 millones de personas ejercer su derecho al voto en 2024. Estos esfuerzos incluyeron el fortalecimiento de 14 organismos de gestión electoral en América Latina y el Caribe garantizando que los ciudadanos con derecho a voto pudieran participar en procesos electorales seguros y creíbles. El PNUD también ayudó a armonizar las prácticas empresariales con las normas mundiales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en Tailandia, el PNUD ayudó a incorporar consideraciones relativas a los derechos humanos en los marcos medioambientales, sociales y de gobernanza de 263 empresas.

^[3] Los resultados corresponden a 2024, salvo que se indique lo contrario.
^[4] Durante el período comprendido entre 2015 y 2025.